¿Izquierda o izquierdas?
La promoción de debates, reflexiones o simplemente el intercambio de opiniones acerca de la izquierda en México es imprescindible para lograr la transición democrática que el país requiere. Tres años transcurridos del gobierno de Vicente Fox demuestran que la alternancia en la presidencia de la república no significa un verdadero cambio de régimen y mucho menos una transición a la democracia, por lo que esta tarea urgente sigue siendo uno de los objetivos históricos de la izquierda mexicana. Por ello, es necesario precisar algunas ideas que contribuyan a ese propósito.
La izquierda, como fenómeno político, ideológico y social, no es homogénea ni monolítica; por lo tanto, ¿podemos identificar una izquierda o es más justo referirse a las izquierdas?
Existe un conjunto de principios políticos e ideológicos básicos que definen a las izquierdas y una gran diversidad de enfoques teóricos y prácticas políticas que las distinguen. No es nuestro objetivo hacer un inventario, pero, actualmente, en México se identifican cuatro corrientes o expresiones izquierdistas.
Una izquierda organizada en partidos, que privilegia la acción electoral, que forma parte del sistema político y que actúa dentro del marco institucional. Esta izquierda, en el caso del PRD, está conformada por la confluencia de una vertiente socialista; otra, que podríamos definir como su venero social (urbano, popular, campesino) y una tercera proveniente de desprendimientos de grupos o personalidades del PRI. Se ubican aquí otras expresiones partidarias, como el Partido del Trabajo y agrupaciones que buscan su registro legal para ingresar a la institucionalidad establecida.
La izquierda que se ha aglutinado y organizado alrededor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la cual ha colocado en el centro de la escena nacional la ancestral problemática indígena, unida a otras reivindicaciones de corte democrático, nacional y popular. Este movimiento conmocionó al sistema político mexicano, sin formar parte del mismo, y simultáneamente sensibilizó y generó una reacción solidaria en la sociedad civil, que evitó la continuación de la guerra en enero de 1994.
Una izquierda marxista ortodoxa que propugna la lucha armada como vía para conquistar el poder político, aunque no la practica de manera sistemática. Se trata de un movimiento con múltiples ramificaciones, un cierto apoyo social en sectores regionales, y que se circunscribe a algunas áreas geográficas del país. Aunque se mencionan más de una docena de grupos armados, destacan entre ellos el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y un desprendimiento del mismo, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
· Una izquierda de tipo social, inorgánica y diversa, pero con mucha presencia en la sociedad civil y en la intelectualidad. Tiene también múltiples expresiones, a veces en torno a movimientos reivindicativos puntuales, y otras de más permanencia a través de organismos no gubernamentales vinculados a la promoción y defensa de los derechos humanos, los temas ecológicos, de género, entre otros.
Problemas de la izquierda partidista
En el análisis ya puntual de la izquierda agrupada en partidos, identifico al menos cinco problemas que tendrían que ser asumidos como tales por sus militancias para una participación activa en el proceso de la transición democrática.
1.- Vínculos muy débiles con los movimientos políticos y sociales. Un breve recuento de acontecimientos que de alguna u otra forma tuvieron una repercusión política importante en la vida del país, da cuenta de la falta de vinculación con los mismos de los partidos políticos de izquierda, sensiblemente el Partido de la Revolución Democrática. La poca presencia e influencia de la izquierda partidista en el movimiento sindical mexicano refiere a esta situación. Un ejemplo más lo da el proceso que se vivió con el intento de construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Durante ese proceso, el PRD no tuvo una actuación, no digamos relevante, sino mínima.[3] Sin mencionar la indiferente y contradictoria actuación de los partidos que se reivindican de izquierda en la conformación de los sujetos autonómicos indios y en las reformas en materia indígena.[4] La izquierda partidista mexicana no ha tenido una presencia destacada, ya no digamos en la organización y elaboración de planes y programas alternativos, sino en la mera discusión de asuntos tan relevantes en la vida democrática del país como son la reforma y reestructuración de las fuerzas armadas,[5] la producción, distribución y uso de drogas; la consolidación de una cultura de tolerancia y reconocimiento de derechos específicos de discapacitados, gay y lesbianas; la solución a problemas de salud pública que conllevan una fuerte carga social, ética y política, como en el caso del sida. Lo anterior sólo para mencionar algunos ejemplos que considero de suma importancia. De ninguna manera implica que miembros de la izquierda partidista mexicana no actúen durante los conflictos o movilizaciones, pero lo hacen sin un programa organizativo que el partido defina programáticamente.
2.- División interna que más que enriquecer a la izquierda por su diversidad, la empobrece por su disfuncionalidad. Hoy en día difícilmente podríamos tener un mínimo inventario de las fuerzas sociales de la izquierda nacional. Las viejas (y muchas veces mezquinas) disputas y “purgas” en el interior de las organizaciones de la izquierda nacional, la cooptación de algunas de sus fracciones e individuos por los grupos de poder económico y político, las traiciones a los idearios izquierdistas y libertarios emanados del siglo XX, el surgimiento de nuevas demandas políticas y sociales con sus consecuentes y originales formas de lucha, la llegada al poder político en estados, municipios y espacios legislativos de sectores de izquierda y la propia redefinición del sistema de dominio mundial, son algunos elementos que han hecho de la izquierda un ente vasto, multiforme y algunas veces con rumbos y acciones opuestos a los objetivos de transformación social.
En México no existe un frente amplio que organice la vida política y social de los numerosos grupos y organizaciones de izquierda. Sólo, y eso es riesgoso admitirlo, ciertas coyunturas han podido dar coherencia política elemental a todo ese variado conglomerado político, más como respuestas o resistencias hacia acciones del poder que como objetivos programáticos o estratégicos. Las desavenencias entre el PRD y el EZLN, por no mencionar las abiertas y claras separaciones entre el primero y una larga lista de organizaciones sociales y las que han optado por la vía armada y clandestina nos ejemplifican muy bien qué tan lejos se esta de la conformación de un amplio frente político y social que contrarreste la hegemonía neoliberal.
3.- La llegada al poder de algunos sectores de la izquierda partidista la han circunscrito a una política electoral antes que a una social y democrática. La llegada a los cargos de elección popular por parte de algunos sectores de la izquierda partidista la ha sesgado hacia una política que ha privilegiado lo electoral en sus matices mediáticos, populistas y superficiales, relegando los objetivos históricos de la izquierda nacional. El cuidado de la imagen pública de quienes han llegado a ocupar cargos públicos ha sido el parámetro de muchas de las políticas ejercidas desde el gobierno. Y no sólo eso, sino que con meros afanes electorales, los partidos de izquierda han buscado en los sectores y partidos de la derecha los personajes que les permitan triunfos en los distritos en pugna. El caso del PRD es muy ilustrativo: tres de sus actuales gobernadores surgieron de rupturas con el PRI ocurridas precisamente durante los procesos electorales que los llevaron al gobierno. Aquí no se trata de plantear purismos, sino de preguntarse sobre el comportamiento de una izquierda que “necesitada” de votos, abre sus espacios sin requerimiento alguno, sin programa y siempre en los linderos de la carencia de ética y escrúpulos.
4.- Desconexión con las fuerzas de la izquierda internacional. Salvo el EZLN, ninguna otra organización de las izquierdas nacionales ha tenido la capacidad de establecer vínculos orgánicos y solidarios con fuerzas de la izquierda internacional. No hay un programa sólido y comprometido de las organizaciones partidistas con sus contrapartes internacionales. Existen algunos acuerdos coyunturales y encuentros casuales entre integrantes de las múltiples organizaciones con la izquierda internacional, como lo han sido, por poner un ejemplo, los encuentros de Porto Alegre. Pero de ahí a que se tenga una plataforma internacionalista por parte de la izquierda mexicana, existe un gran trecho que difícilmente se puede cubrir.
5. Un notable eclecticismo teórico que dificulta la ejecución programática de la izquierda. El marxismo se consolidó como la teoría de la izquierda internacional durante una buena parte del siglo XX. Las luchas contemporáneas le deben al marxismo muchas de las ideas y de los ejes ideológicos que les dan vida. Sin embargo, con la caída del bloque socialista europeo y el consecuente desprestigio propagandístico que se le infringió al marxismo, se ha tendido a arrojar por la borda sus planteamientos metodológicos y sus nociones básicas que continúan teniendo, pese a todo, vigencia y utilidad en el mundo contemporáneo.
Las izquierdas y la formación de la nación-pueblo.
En la actualidad, el capitalismo mantiene un sistema de explotación que en lo esencial no ha cambiado desde que el viejo Marx abordó su estudio y crítica. Las sociedades contemporáneas siguen inmersas en un proceso en el cual existen clases explotadoras y detentadoras de los medios de producción y clases explotadas y desposeídas de los mismos. Las formas y configuraciones que se establecen para que este sistema siga funcionando son variadas en tiempo y espacio, pero la formulación marxista del trabajo y su apropiación sigue teniendo una formidable actualidad. No obstante, la explicación marxista clásica no da cuenta de las complejas contradicciones que en nuestros países se suscitan y que no pasan forzosamente por el tamiz exclusivo de las relaciones económicas.
En el desarrollo actual de los Estados nacionales existe la necesidad de forjar lo que sería la alternativa para, si no eliminar, sí atenuar los devastadores efectos del capitalismo neoliberal y crear las condiciones del establecimiento de un socialismo libertario y democrático: la creación y consolidación de la nación-pueblo. La construcción de una nación-pueblo es, por lo tanto, una necesidad insoslayable de las izquierdas mexicanas y latinoamericanas en general, a partir de una reformulación de la llamada cuestión nacional.[6]
El Estado nacional cohesiona e integra formalmente a todas las clases de la sociedad, intentando diluir los conflictos interclasistas que en el interior de las naciones se desarrollan. El elemento fundamental para entender esta situación lo otorga el concepto de bloque histórico, el cual pretende superar la separación analítica entre base y superestructura para llegar a la comprensión de ambas categorías del Estado moderno como unidad contradictoria y dinámica.
En el Estado nacional contemporáneo, los conflictos económicos, sociales y culturales se pretenden resolver a través de mecanismos democráticos formales que de ninguna manera han podido superar las contradicciones elementales del sistema capitalista. De hecho, para muchas izquierdas, las disputas formales (llamémoslas electorales) han moderado, en el mejor de los casos, las reivindicaciones históricas de justicia, equidad y democracia social, cuando no han sido olímpicamente ignoradas en aras de un pragmatismo basado sólo en la alternancia en el gobierno.
El problema es que la visión clásica del marxismo no pudo establecer que durante el proceso de formación del Estado nacional (que dicho sea de paso es permanente y no tiene un plazo fatal), no sólo se expresan y desarrollan conflictos entre las clases antagónicas en la estructura económica, sino que en su interior existen y se confrontan visiones de otras clases, fracciones de clase o sectores socio étnicos. Es más, la hegemonía en el interior de un Estado nacional se disputa no sólo entre las clases dominantes y las subalternas, sino que en las propias clases existen diferentes proyectos nacionales que se han dirimido en el terreno electoral y también a través de la violencia revolucionaria y su contraparte represiva.
Así pues, las limitaciones para la democratización e integración internas de la nación no pueden ser superadas en los marcos del capitalismo. La realización de la unidad nacional tarde o temprano se estrella contra la realidad de la dominación y de la explotación de clases. Ante estos obstáculos, el desarrollo nacional sólo puede ser consumado por un movimiento de base, popular, democrático y anticapitalista. En buena medida, los partidos políticos de izquierda en México han buscado la formación de un movimiento con estas características. El EZLN también ha participado sustancialmente en crear las condiciones para la construcción de la nación-pueblo.
La nación-pueblo, por lo tanto, expresaría el desplazamiento político de la hegemonía nacional capitalista (actualmente ejercida por su fracción financiera) hacia una caracterizada por el consenso y la voluntad nacional-populares, elementos centrales de un concepto de democracia sin sesgos de dominación.
Las izquierdas mexicanas contemporáneas deben tener en cuenta que son herederas de múltiples procesos y determinaciones históricas que hunden sus raíces no sólo en las corrientes socialistas y comunistas occidentales. Su formación y configuración asumen elementos agrarios, sustanciales a la nación mexicana, que se expresaron sensiblemente antes, durante y después de la Revolución. El zapatismo y el cardenismo son dos corrientes del pensamiento nacional-popular que en nuestro país han dejado sus huellas en las izquierdas contemporáneas con la misma fuerza que lo ha hecho el marxismo.
No obstante, la articulación entre los movimientos obrero y agrario, que dieran vida a un bloque social revolucionario y permitieran acoplar el socialismo a las raíces más profundas de la nación mexicana, no fue planteada por las organizaciones e intelectuales de las izquierdas mexicanas.
Dicho de otra forma, la izquierda marxista ortodoxa se alejó de la formación de este bloque histórico, se hizo periférica, y permitió el paso a las organizaciones y partidos populistas en la conformación del Estado-nacional mexicano. El PNR y después el PRI lograron corporativizar la lucha obrera y agraria en múltiples organizaciones que quedaron supeditadas al ejercicio hegemónico en un inicio, y luego básicamente al control clientelar de la burguesía nacional a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
No fue sino hasta finales del siglo pasado que los pueblos indígenas (fundamento de la lucha agraria nacional), lograron integrarse al proceso de constitución democrática de la nación-pueblo. Sólo a partir del levantamiento zapatista fue posible, en parte, que las izquierdas mexicanas reconceptualizaran y reconfiguraran su discurso y su praxis políticos, de tal suerte que la antigua y compleja cosmovisión indígena y agraria mexicana no sólo aportaron elementos de discusión, sino que ha esbozado muchos de los problemas importantes en la agenda de la construcción de lo nacional-popular.
El nuevo zapatismo ha sido capaz de convocar y articular un movimiento social y político amplio que ha puesto en cuestionamiento la hegemonía nacional burguesa. Por otro lado, las izquierdas institucionalizadas o partidistas, y en buena medida la izquierda armada, no han podido evadir la discusión que el zapatismo ha planteado, aunque lamentablemente no han profundizado en la misma e, incluso, padecen de un autismo político en ese, y en muchos otros de los grandes problemas nacionales.
En la consolidación de una nación mexicana democrática y popular, las diferentes izquierdas deben reconciliar sus puntos de vista y no excluir los veneros históricos y sociales que les han dado vida. Socialismo, juarismo, magonismo, zapatismo, cardenismo, son algunas de las corrientes de pensamiento y praxis políticas que se han conjugado en la conformación de las actuales izquierdas mexicanas. Para la constitución democrática de la nación-pueblo es necesario incorporar y volver protagónicas a las etnias y a todos aquellos grupos sociales históricamente marginados y excluidos.
Los sistemas electorales han sido considerados por la propia teoría liberal como los mecanismos a través de los cuales se pueden dirimir toda clase de conflictos económicos, sociales, políticos y culturales. En este sentido, la teoría marxista clásica afirma que las sociedades capitalistas tienen una dicotómica formación: por un lado, una realidad conflictiva y contradictoria resultado de la explotación de clase y, por otro, una ilusoria equidad y armonía resultado del aparato ideológico que pretende equiparar jurídica y culturalmente a todos los individuos.
Esta dicotomía no logra explicar los procesos históricos que han forjado los estados nacionales latinoamericanos y, por lo tanto, no logra dar cuenta de la formación de naciones-pueblo democráticas. El caso de México es ilustrativo. En nuestro país, la contradicción clasista del sistema capitalista ha estado moldeada por otras muchas contradicciones que resultan de un devenir histórico particular. A pesar del genocidio y del brutal proceso de conquista efectuado por los españoles a lo largo de tres siglos, muchos de los pueblos indios de nuestro país lograron sobrevivir, sufriendo profundas transformaciones en sus características étnicas y en sus propias identidades. La dominación y la explotación colonial no pueden ser entendidas única y exclusivamente desde la perspectiva economicista que el marxismo clásico plantea. Elementos como el racismo y el sexismo patriarcal juegan papeles muy importantes en la consolidación del estado colonial novo hispano. El sometimiento militar y político vino de la mano del religioso y el cultural; los valores occidentales se sobrepusieron a los valores y a la cosmovisión indígena, pero nunca pudieron eliminarlos. A lo largo de la vida independiente, las etnias indígenas no han recibido el reconocimiento pleno de sus derechos y los conflictos que surgen de esta condición no se han dirimido a través de las políticas liberales ortodoxas. Tampoco estos conflictos han surgido exclusivamente de la contradicción económica capitalista.
Otras contradicciones circunscritas a desarrollos históricos diferentes también han forjado sujetos que actualmente representan actores políticos en las múltiples izquierdas que han buscado resolver sus conflictos dentro y fuera del aparato liberal clásico. Tenemos el caso de las mujeres. Las sociedades patriarcales o machistas han ejercido un dominio de género masculino, cuyas expresiones de dominación económicas, políticas, sociales y culturales son tan condenables como aquellas que la burguesía aplica sobre los trabajadores y, sin lugar a dudas, mucho más antiguas que las emanadas en el sistema capitalista.
En este mismo sentido, los niños, los viejos, los gays y lesbianas, o los inmigrantes indocumentados, entre otros sectores, han llevado a cabo luchas que permitan ejercitar derechos jurídicos y sociales que reconozcan diferencias y formas específicas de explotación, opresión o discriminación.
Resumiendo, identifico a la nación-pueblo como la formación social, cultural y política capaz de resolver muchos de los conflictos derivados del desarrollo histórico nacional. El liberalismo clásico plantea que tanto los individuos como las naciones son abstractamente iguales en derechos, no sólo desentendiéndose, sino que exacerbando las contradicciones propias del sistema capitalista. El marxismo clásico, por su lado, da cuenta de lo anterior, pero soslaya muchas otras contradicciones históricas que se desarrollan en el interior de los estados nacionales. Las izquierdas modernas, por lo tanto, deben tener la capacidad de articular todos estos (y seguramente muchos más) elementos que están en juego para acceder a una nación en la que los principios democráticos de igualdad, equidad y justicia social tengan cabida.
Sobre las experiencias internacionales.
Ahora bien, las experiencias internacionales también deben ser tomadas en cuenta por las nuevas corrientes y movimientos de la izquierda nacional para la construcción de la nación pueblo y la efectiva transición democrática. Desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, el socialismo supuso la liquidación del capitalismo y la implantación de un nuevo modo de producción en un proceso inédito.
El lema de la sociedad socialista planteaba “de cada quien según su capacidad, a cada quién según su trabajo”. El socialismo buscaría eliminar la explotación de clase, erradicar el capitalismo, socializar los medios de producción y desarrollar nuevas relaciones sociales. A pesar de que en los países en los que el socialismo realmente existente se desarrolló se pudieron eliminar fenómenos intrínsecos al capitalismo como la desocupación, el analfabetismo y se resolvieron problemas de vivienda, salud y educación, éste se colapsó estrepitosamente a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, con la excepción de algunos países asiáticos y Cuba.
En el fracaso del modelo incidieron muchos factores, pero seguramente los de mayor relevancia fueron: la hipertrofia de los partidos comunistas, su divorcio y separación de la sociedad; el burocratismo y la falta de espacios para la participación democrática de las masas, la clausura, en la práctica, de libertades y ejercicios democráticos considerados como “burgueses”, además de la enorme carga social, económica y política que significó la guerra fría y la carrera armamentista, y su consecuente gasto militar. En definitiva, el incumplimiento de premisas teóricas libertarias, la poca sensibilidad que los estados socialistas tuvieron para resolver las contradicciones nacionales, étnicas, de género, de edad, ecológicas, etcétera, fueron factores determinantes en el colapso socialista.
Si bien este modelo socialista fracasó, el socialismo como futuro de la humanidad no está invalidado. El socialismo tiene vigencia, pero depende de las izquierdas redefinir, en las nuevas circunstancias históricas, la teoría y la práctica del socialismo, pero conciente de que junto a la experiencia negativa, existe una de carácter positivo, que tarde o temprano emergerá. El ejemplo cubano está ahí: bajo las circunstancias extremadamente adversas por las que actualmente atraviesa, su propuesta socialista sigue en pie, con avances en todos los órdenes, pero particularmente en el campo de la salud, la cultura, la ciencia, la educación, el deporte y el desarrollo de la conciencia colectiva.
Dos elementos que deben estructurar e impulsar las izquierdas, como alternativa al capitalismo neoliberal, son el igualitarismo y la equidad, reconociendo la diversidad en el interior de las clases y de la sociedad en su conjunto. Proponer una plataforma de lucha por la equidad supone enfrentar la falsa homogenización lograda por el estado nacional capitalista, que construyó identidades condicionadas a sus necesidades de dominación.
Para el capitalismo y los partidos de derecha, la democracia se limita a lo formal, a los aspectos electorales y al juego de los partidos políticos dentro del sistema. La historia de América Latina está llena de ejemplos que muestran que la democracia es instrumental para las clases dominantes, funcional a sus intereses. La legalidad democrática es aniquilada por las clases dominantes cuando a través de ella la izquierda logra triunfar o cuestionar su dominio. El ejemplo de Chile es contundente. Probablemente hoy resulte más difícil al imperialismo y a las clases dominantes quebrar el orden institucional del Brasil con Lula en la presidencia. Pero seguramente utilizarán los mismos métodos de hostigamiento y complot, de ataque mediático y conspiración que hoy aplican para desestabilizar y derribar el gobierno constitucional de Hugo Chávez en Venezuela.
Transitar hacia un país y una sociedad de leyes es hoy un importante desafío. En México y América Latina un gran torrente popular enfrentó a los regímenes autoritarios o dictatoriales que a lo largo de las tres últimas décadas se enseñorearon en la arena política con toda su cauda de guerras sucias, proscripciones, encarcelamientos y muerte.
La lucha por la democracia tuvo prioridad en las agendas de recuperación o inauguración institucional que llevó adelante un amplio movimiento que tuvo en la izquierda la fuerza principal. En plenos procesos de apertura democrática, no fueron pocas las izquierdas de varios países de América Latina que se opusieron a los esquemas de "democracias de baja Intensidad" o "democracias tuteladas" y lucharon porque se restituyeran, en sus sociedades, sistemas de plenas libertades.
La lucha por el Estado de Derecho, por el respeto pleno a las garantías individuales, por las libertades civiles, buscando que las constituciones políticas no fueran letra muerta ha sido constante en nuestras sociedades. En México, la lucha por la legalidad encontró su cenit en 1988, cuando la izquierda abanderó en las calles el no agotado principio del sufragio efectivo.
Años después, la guerrilla zapatista declaró la guerra al gobierno mexicano porque éste, el de Salinas de Gortari, era la plena representación de un cúmulo de ilegalidades. Era un gobierno espurio surgido de un fraude de proporciones gigantescas, que con base en una ilegalidad pactada con el PAN había podido consolidarse.
Su pretensión era borrar a las comunidades indígenas y agrarias nacionales, a través de la "modernización" capitalista del campo. Ante estos embates neoliberales, el EZLN apeló a un ancestral derecho de los pueblos: rebelarse contra la tiranía. Y muy pronto este hecho bélico se transformó un acontecer social que obligó al salinato a sentarse a la mesa de negociaciones. La legitimidad del movimiento zapatista de 1994 estaba arraigada en una de las demandas más sentidas del pueblo mexicano y que la elite neoliberal quería borrar de un plumazo: que la tierra sea de quien la trabaja.
El movimiento no limitó su accionar a la mera cuestión agraria. Demandas de respeto a sus derechos culturales y autonómicos se han establecido y han operado de manera propositiva durante los últimos diez años.
Hoy que se ha avanzado en forma sustantiva en la instauración de un Estado de derecho, sectores desfavorecidos de la población por el actual modelo de acumulación capitalista, el neoliberal, y las clases dominantes ejercen sobre la legalidad un efecto parecido a una pinza. Ésta se ve socavada, entonces, por arriba y por abajo.
Hay por parte de ciertos sectores de la intelectualidad alineados al salinismo la idea de una suerte de fatalismo cultural. Dicen en sendas publicaciones: En México la ley no se cumple sino se negocia. Así ha sido históricamente, así será en el futuro. Desde luego que el pueblo mexicano, a través de históricas batallas, no sólo ha luchado por el cumplimiento de las leyes sino que ha hecho de su propia lucha una fuente de derecho.
Sin embargo, ciertas rémoras de una cultura política patriarcal, corporativa y clientelar se apoderan en ocasiones de los movimientos populares y de sus líderes. Con tal de ascender en la escala de las demandas populares resueltas, no les importa sacrificar los derechos de terceros.
Su percepción de la autoridad electa es de índole faccioso, y olvidan que los gobernantes son de toda la sociedad y no del partido o los grupos que los postulan. Cierran su círculo de actividades a las de carácter electoral desentendiéndose de toda actividad que implique desarrollo social y sustentable de largo plazo. Incluso llegan a lucrar con la necesidad de la gente, sobre todo en aspectos que tienen que ver con el mercado de tierras.
Hoy la izquierda tiene ante sí todo un caudal de demandas éticas. No se puede arribar a un orden civilizatorio superior, como es el socialista, sin desarrollar al máximo el sistema de libertades democráticas imperantes. De ahí la necesidad de luchar por el Estado de Derecho.-
Y esta lucha no sólo se debe centrar en ser autocríticos y críticos con nuestros propios compañeros. Se trata de denunciar en todas las tribunas posibles la corrupción estructural de segmentos de las clases dominantes mexicanas, que haciendo una apropiación privada de lo público, han violentado el Derecho por sistema. Someter al conocimiento de la sociedad de los grandes negocios hechos al amparo del poder, siguiendo una tradición colonial de manejar información oficial para beneficio propio. Así se han construido en nuestro país los grandes fraudes a la nación que ocuparía varias páginas exponerlos, pero para muestra sobran los "amigos de Fox" y el "Pemexgate".
Algunas perspectivas.
Las izquierdas latinoamericanas han defendido la democracia al abrir espacios para la participación permanente de la ciudadanía. Lo que hoy conocemos como democracia participativa es una experiencia que se inició en algunos medios laborales de Inglaterra y ha encontrado eco en gobiernos municipales de izquierda en América latina. El exitoso “presupuesto participativo” del gobierno petista de Porto Alegre, la experiencia de los gobiernos del Frente Amplio de Montevideo, con su descentralización democrática. Aquí en México, con los municipios autónomos zapatistas y las juntas de buen gobierno; nuestra experiencia concreta en la delegación de Tlalpan con el programa “hacia un presupuesto participativo” (que no parece tener posibilidades de continuidad), indican que las izquierdas, en materia de desarrollo democrático no deben seguir recetas, por el contrario, necesitan ser altamente creativas.
Las izquierdas deben estar en una permanente búsqueda de formas y espacios para la expresión política de las mayorías nacionales. Las propias izquierdas, sus partidos y grupos, necesitan organizarse democráticamente, es decir, organizarse desde abajo, para tener un contacto estrecho con la sociedad y convertirse en un canal más para el pronunciamiento ciudadano y sectorial. De esta forma, las izquierdas ganarían credibilidad y confianza ante la sociedad, contribuirían en la creación de una nueva cultura política. Y simultáneamente corregirían el grave error de hipertrofiar a las cúpulas dirigentes en detrimento de las organizaciones de base.
En el escenario de las luchas de transformación social se ha vivido cierto agotamiento de los esquemas revolucionarios que se acotaban a la toma del poder “por asalto”. Si algo nos han legado las distintas experiencias revolucionarias es que no basta con apoderarse de las instituciones estatales para generar transformaciones serias y profundas en la sociedad. Hemos vislumbrado que el poder no solo simplemente se trasmite o arrebata de unas manos a otras; tampoco es un lugar o una cualidad inmanente a la personalidad de algún líder. El poder es también una relación social que circula entre las distintas capas de la sociedad y no permanece siempre en un mismo polo. Este poder social circula en el imaginario de la sociedad, en la conciencia individual y colectiva de los ciudadanos, anida en la historia y en las contrahistorias. Por ello de nada sirve asaltar los aparatos políticos si dicho “asalto” no va acompañado de un trabajo continuo y permanente con la ciudadanía. El poder, más que estar anclado en las instituciones, permanece circulando en la cultura política, en el actuar cotidiano de hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Por ello, para transformar la sociedad, los partidos y organizaciones políticas deben asumir que más que dotadores de conciencia, son los vehículos para expresar el descontento, las críticas, las ilusiones y esperanzas que ya se encuentran merodeando la conciencia colectiva de un pueblo.
Las izquierdas institucionales que llegan al gobierno tienen en sus manos la responsabilidad de trascender los intereses egoístas inmediatos de detentar un cargo público, para exponer a la sociedad los efectos y consecuencias de políticas hemisféricas, globalizantes que por más que suenen lejanas amenazan constantemente nuestra integridad, el acceso a la satisfacción de las necesidades más elementales.
Los proyectos de intervención estadounidense, el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá, no sólo amenazan la soberanía de nuestros pueblos, sino condicionan las potencialidades de nuestro desarrollo a la dinámica de los intereses económicos, de las utilidades de unos cuantos empresarios. Por ello, es responsabilidad política de los gobiernos de izquierda trascender la mera gestión de necesidades para lograr ubicar en un contexto continental e incluso mundial la raíz de los problemas que cotidianamente enfrentamos. Mientras más participativa sea la sociedad, mientras más discuta, debata y se involucre en los asuntos públicos, tendrá mayores posibilidades de comprender lo que sucede más allá de nuestra realidad inmediata.
Para ello se requiere imaginar nuevos modelos de participación, que recojan autocríticamente el escepticismo, y los recelos que en muchas sociedades hoy provocan los partidos políticos de la izquierda institucional. En este contexto, las organizaciones y movimientos sociales, tanto sectoriales, como regionales, muestran una mayor y fundamental sensibilidad en relación con su debida autonomía respecto de los organismos partidarios y del Estado. Esta característica viene acompañada también de su vinculación igualmente flexible, horizontal y multidimensional, en torno de consensos en puntos programáticos substanciales y de amplio alcance.
Las demandas por la democracia, los derechos humanos y el combate a la pobreza, han formado parte de una agenda mínima para las convergencias, han flexibilizado el concepto tradicional de las alianzas y han constituido la argamasa para el surgimiento de nuevos movimientos sociales amplios, con estructuras de integración y solidaridad desde las bases, como nuevos laboratorios de experimentación de la lucha social. Esta realidad obliga a definir de nuevo la relación necesaria entre dirigentes y dirigidos y a reformar conceptos tradicionales como “vanguardia” o “intelectual orgánico”.
Una nota dominante en todos los procesos - sociales, económicos, ideológicos y políticos - es la de su flexibilidad y transitoriedad. En todos los terrenos de la práctica social, el de hoy es un tiempo de búsqueda, de diversificación, de experimentación. De este modo, una nueva estrategia de transformación social no puede derivarse solo ni principalmente de un marco ideológico determinado, sino inducirse fundamentalmente de las diversas prácticas de los pueblos y sectores populares que sostengan una perspectiva social transformadora y /o de resistencia; y de la apertura de nuevos espacios que hagan posible la incorporación de la mayoría de la población en la toma de decisiones.
La estrategia de transformación desde el campo popular viene desarrollando múltiples y diversos mecanismos de participación para ampliar su participación en la esfera pública, que pasan por la organización de base y el surgimiento de nuevas prácticas democráticas y alternativas; la articulación regional, temática y sectorial con crítica institucional y propuesta social; de incidencia concreta sobre procesos sociales, como el control del gobierno en espacios locales; y de lucha por la reforma y el control del Estado, hasta hace poco ausente en la agenda social.
En este panorama, cabe destacar la actuación del movimiento armado - o las organizaciones político militares -, específicamente del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, que ha aparecido en el panorama nacional haciendo política por medio de las armas. Aunque no es de prever que el medio fundamental del arribo al poder nacional en nuestro país sea el de la lucha armada, ni su matriz estratégica la política militar, dada la sofisticación de los ejércitos modernos y la correlación internacional de fuerzas, ha mostrado que una acción militar con base en el consenso y protección ciudadanos y articulada con el sujeto de cambio, puede orillar al Estado a poner nuevas condiciones de competencia democrática, abrir espacios para el desarrollo del movimiento popular y avanzar en el logro de las demandas ancestrales del pueblo de México.
En el actual contexto, la izquierda tiene como reto fundamental radicalizar la democracia en un proceso que implique romper las formas tradicionales de tutela por parte del Estado, que supone no sólo reconocer al ciudadano y a los pueblos y sectores sociales emergentes como portadores de derechos y obligaciones, sino fundamentalmente como actores centrales en la búsqueda de la ampliación de derechos en las definiciones políticas; así como construir un nuevo sentido de lo público y, por tanto, de las acciones de gobierno.
De este modo, una estrategia que mire transformar el actual modelo de desarrollo en un sentido democrático y de mayor justicia social deberá atender, en primer lugar, a la creación y el fortalecimiento de las múltiples expresiones orgánicas que el pueblo se da a si mismo, entendiendo este como el amplio conglomerado de clases y sectores sociales - organizados o no - afectados en su nivel de vida por el sistema capitalista, en particular por el modelo neoliberal, o de aquellos sectores cuyo interés no pueden ser satisfechos por el sistema en su conjunto, como las mujeres, migrantes, ambientalistas, entre otros.
Reitero, para las izquierdas mexicanas la democracia no debe agotarse en lo electoral, y hoy como ayer la responsabilidad de la defensa y desarrollo de todos los espacios democráticos recae sobre ellas. En México, está fresco aún en la memoria colectiva la insurgencia popular y de las izquierdas contra el fraude electoral de 1988, que resquebrajó al partido de estado e impulsó la democratización del país, creando paradójicamente las condiciones para el triunfo del PAN en julio del año 2000.
México lleva más 20 años sufriendo las políticas neoliberales. Los cuatro últimos gobiernos federales, incluido el actual, se han caracterizado por las privatizaciones, la liquidación de la industria nacional, la apertura indiscriminada al mercado mundial, inversión especulativa de capitales transnacionales, desmantelamiento de los programas de seguridad social, suspensión de los apoyos a la producción agropecuaria, deterioro de la educación y la salud públicas. La soberanía nacional ha estado permanentemente cuestionada y el país se inserta cada vez más dentro de la estrategia del gobierno de Estados Unidos.
Todo esto se ha traducido en el empobrecimiento generalizado, la ruina de la pequeña y mediana industrias y de los productores del campo, el estrechamiento del mercado interno. En definitiva, entramos a una crisis económica y social, y con indicios claros de crisis política. Las izquierdas tienen la obligación de ser la fuerza promotora e impulsora de un amplio movimiento social en torno a un programa alternativo de salvación nacional, que enarbole un frente patriótico representativo de aquellos sectores sociales y nacionales que no están dispuestos a dejarse llevar al despeñadero foxista. No se trata solamente de impedir que continúe la política neoliberal, rechazar la reforma eléctrica, defender el petróleo, frenar el Plan Puebla-Panamá, frustrar la reforma laboral, apoyar la enseñanza pública, y combatir el entreguismo de la política exterior, sino que es necesario difundir el programa alternativo y unirlo a la lucha por cada una de las demandas sectoriales.
Finalmente, el triunfo del pueblo, la izquierda y el Partido de los Trabajadores del Brasil, (con el reto formidable que este hecho representa para la izquierda), los avances de la revolución bolivariana en Venezuela, a pesar del hostigamiento del imperialismo y la oligarquía, el fortalecimiento de movimientos nuevos como el de los piqueteros en Argentina, el renacer de la izquierda chilena, los procesos de resistencia en Bolivia y Ecuador, con una fuerte presencia indígena, permite corroborar un hecho fundamental: la izquierda tiene vigencia y fuerza en América Latina y están dadas las condiciones para transformarse en una opción real de gobierno y de cambio para nuestros países. Existen posibilidades de que se convierta en la fuerza política impulsora de un proyecto alternativo, que revierta los efectos de la catástrofe neoliberal en la que estamos sumergidos en el continente y abra el camino para la construcción de una sociedad más justa, incluyente y democrática, para la conformación de la nación-pueblo.
